Una nueva corriente feminista planteó ayer objeciones a la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de género y criticó la victimización de la mujer que genera. Las otras feministas, como se denominan las impulsoras, piden que los recursos públicos se empleen en cimentar la autonomía de la mujer en vez de crearle nuevas dependencias. Justa Montero y Empar Pineda son algunas de las mentoras. Otras, como María Sanahuja, magistrada y decana de los juzgados de Barcelona, estima que la Ley Integral no rebaja la violencia: "La solución no es poner un policía en cada familia. Se dictan miles de órdenes de protección al año y no se hace un seguimiento. La orden sólo es un papel", afirmó. La juez solicitó una ley de mediación y reiteró: "Hay que separar la violencia habitual de las tensiones que produce una ruptura. Hay que exigir que la policía investigue y si hay violencia, habrá casos en los que el agresor deberá ingresar directamente en prisión", concluyó. Manuela Carmena, Rosa Montero y Maruja Torres apoyan la iniciativa.